The Christian Post
Mon, Jun. 25 2012 11:45 AM

La Corte Suprema de Estados Unidos llega a una decisión sobre la controversial ley de inmigración de Arizona

By Vicente Menjivar | Christian Post Contributor

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el lunes mantener una sección de la ley de inmigración de Arizona que requiere a la policía el verificar el estatus migratorio de persona detenidas, pero revocó otras secciones que habrían perjudicado a inmigrantes en ese estado.

Entre las secciones revocadas se encuentran la provisión que convertiría en un crimen para inmigrantes sin permiso de trabajo el buscar empleo y la provisión que también establecía que era una felonía el que inmigrantes no portaran consigo sus documentos.

Otra sección revocada fue la que autorizaba a la policía a arrestar a cualquier inmigrante que aparentara haber cometido un crimen merecedor de deportación.

Uno de los jueces a cargo de la decisión, Anthony Kennedy, dijo que “Arizona pude que tenga frustaciones entendibles por los problemas causados por la inmigración ilegal, pero el estado no puede establecer políticas que socaven la ley federal.”

Kennedy también dijo que la verificación policial, de naturaleza mandatoria, no interfiere con la ley federal y argumentó que no era propio el bloquear tal provisión antes de que cortes estatales tuvieran la oportunidad de revisarla.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo que la decisión representa “una victoria para la ley. También es una victoria para la décima enmienda de la constitución y para todos los estadounidenses que creen en el derecho inherente y la responsabilidad de cada estado de defender a sus ciudadanos.”

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De acuerdo con Reuters, cerca de 360,000 de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos residen en Arizona y cerca de 2 millones de latinos de ese estado están legalmente en el país.

Recientemente Obama ordenó que jóvenes inmigrantes indocumentados que hubieran entrado en Estados Unidos antes de cumplir 16 años podrían aplicar para obtener permisos de trabajo temporales y para continuar sus estudios universitarios legalmente en el país.

Dicha orden podría beneficiar a 800,000 inmigrantes, aunque no ofrece un camino hacia la ciudadanía.

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